El Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) y la Secretaría de Pueblos y Barrios
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México (SEPI) celebraron la firma
de un convenio de colaboración con el que se formularán y ejecutarán trabajos que coadyuven en
el desarrollo integral e intercultural de los pueblos y barrios originarios, así como de las
comunidades indígenas de la Ciudad de México, con perspectiva de derechos humanos y género.
El Magistrado Presidente del TECDMX, Gustavo Anzaldo Hernández, afirmó que este Convenio se
inscribe en una política institucional de acercamiento con las diversas autoridades, para el desarrollo
de actividades, pues “estamos convencidos que la suma de esfuerzos permite aprovechar de mejor
manera los recursos con que contamos las instituciones, para beneficio de la ciudadanía”.
Asimismo, consideró que, desde el punto de vista jurisdiccional, es importante que tanto la SEPI
como el TECDMX intercambien información sobre las acciones que realizan, ya que de esta forma
se podrá saber cuál es la óptica del gobierno sobre las comunidades indígenas y, desde el Tribunal,
poder aportar respecto de las reglas en los medios de impugnación que se presentan.
“De cara al proceso electoral del año 2020-2021, tenemos un nuevo desafío: esta ciudad deberá
contar con una nueva normativa en donde se establezcan los mecanismos político-electorales
específicos, relacionados con el acceso a cargos de elección popular de las personas integrantes de
los pueblos y barrios originarios y las comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México”,
concluyó el Magistrado Anzaldo Hernández.
Entre los compromisos adquiridos por ambas instituciones se encuentra capacitar y difundir entre
la población de los pueblos y barrios originarios, así como a las comunidades indígenas, información
sobre el ejercicio de sus derechos político-electorales, traduciendo en idioma español y lenguas
indígenas, las publicaciones en la materia o de temáticas relacionados con ellos.
Por otro lado, dicho instrumento comprende impulsar acciones entre las mujeres y población que
requiera de atención prioritaria, sobre su derecho a una vida libre, igualitaria, paritaria y sin violencia
en el ámbito político-electoral. De igual manera, se pretenden evitar prácticas discriminatorias por
origen étnico, género, edad, condición social, salud, religión, preferencias sexuales o cualquier otra
condición.
Asimismo, se buscará la creación de mecanismos para fomentar la participación de niños, niñas y
personas jóvenes de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la Ciudad
de México, en programas sobre cultura democrática y construcción de ciudadanía.
Al hacer uso de la voz, la Maestra Larisa Ortiz Riquelme, Secretaria de Pueblos y Barrios Originarios
y Comunidades Residentes de la Ciudad de México, destacó que se debe trabajar por la visibilidad y
dignificación de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, garantizando los derechos
de toda índole a las personas que se autoadscriben como indígenas.
“En la Ciudad han estado invisibilizados pero existen 150 pueblos originarios, 58 barrios, poco más
de 1 millón de personas que se autoadscriben como indígenas, es decir, casi el 11 por ciento de la
población total de la Ciudad, y unos de los derechos fundamentales que desde el ámbito nacional y
ahora local se vienen impulsando y tratando de garantizar, son los derechos político-electorales”,
afirmó Ortíz Riquelme.
En la firma de este instrumento participaron, además, la Magistrada Martha Mercado Ramírez y los
Magistrados Armando Hernández Cruz y Juan Carlos Sánchez León.
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