Ciudad de México, a 17 de junio de 2022
La violencia política tiene raíces culturales que han colocado a la mujer en inferioridad al hombre, asegura magistrada Martha Mercado
La magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX), Martha Leticia Mercado Ramírez, participó en los Jueves de Cultura Jurídica organizados por el Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en donde impartió la conferencia “Violencia política contra las mujeres en razón de género”.
Durante su participación, la magistrada del TECDMX consideró que a pesar de los avances y medidas que se han impulsado para la erradicación de la violencia política, ésta sigue existiendo, por lo que reflexionó sobre la eficacia de las medidas coercitivas del derecho como una solución completa y efectiva de esta problemática.
“La violencia política tiene raíces profundas en la cultura que ha colocado a la mujer en una posición inferior al hombre. Por ello, tenemos que avanzar unidos como sociedad, con cambios cotidianos y sostenidos, en la ruptura de los esquemas culturales y patriarcales”, aseguró la magistrada Mercado Ramírez.
Asimismo, la magistrada reflexionó sobre las diferencias existentes entre la violencia política y la violencia política por razón de género, destacando que esta última comprende todas aquellas acciones u omisiones que se dirigen a la persona en razón de su género, y que tienen un impacto diferenciado ante las demás personas, afectándoles desproporcionadamente, menoscabando o anulando sus derechos político-electorales, incluso, en el ejercicio de un cargo público.
“La violencia política por razones de género impacta directamente en el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, su acceso al ejercicio inherente de los cargos públicos, el desarrollo de la función pública y, por último, su acceso a prerrogativas”, consideró la magistrada Martha Mercado.
Para concluir, la magistrada del TECDMX resaltó la importancia de que cualquier ley en favor de las mujeres o para cualquier grupo de atención prioritaria, debe ir acompañada de partidas presupuestales que permitan su ejecución e impulsen el acceso igualitario de las personas que son sus beneficiarias.
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